En el
último día del pasado año Obama firmó la denominada Ley de Autorización de
Defensa Nacional, calificada por muchos como anticonstitucional ya que consolida
dos polémicos principios de la supuesta lucha contra el terrorismo que dice
liderar el país.
La sociedad
norteamericana está alarmada ante el hecho de que ahora es ley la detención
indefinida de sospechosos de terrorismo sin presentar cargos y el encarcelamiento
de ciudadanos estadounidenses sin someterlos a un proceso.
Los
norteamericanos están ahora ante la perspectiva de sufrir en carne propia los
horrores del centro de detenciones que Washington mantiene en la base naval de
Guantánamo, en el territorio que ocupa ilegalmente contra la voluntad del
pueblo y el gobierno de Cuba.
En un limbo
judicial mantiene Estados Unidos en ese
reclusorio a más de 170 reos. Numerosas denuncias verifican que allí se torturó
a los prisioneros y se violan sus derechos humanos al aplicar el confinamiento
solitario.
La realidad
es que la administración actual sigue aplicando la mayoría de los métodos de
control de la sociedad e interferencias en la vida privada de los ciudadanos
estadounidenses que fueron adoptados durante el gobierno de George W. Bush,
tomando como pretexto los atentados terroristas de septiembre de 2001.
La
respuesta de la sociedad no se ha hecho esperar, El Movimiento Ocupen Wall
Street se manifestó en Illinois en contra de lo que calificó una violación de
la cláusula de derecho a un debido proceso sancionado por la Constitución.
Ante los
vaivenes del actual primer mandatario desconfían los norteamericanos del
anuncio de Obama de que su gobierno no permitiría a los militares detener a un
estadounidense por tiempo indefinido.
Sin
embargo, los analistas estiman que incluso si el gobernante demócrata se
abstiene de abusar de la legislación, ello no garantiza que los futuros
presidentes se opongan al encarcelamiento de ciudadanos nacionales por un periodo
impreciso y sin juicio.
La alarma
se ha extendido a otras naciones. México por ejemplo, manifestó su preocupación
por lo que puede afectar esta disposición a los emigrantes. Esta ley, apuntó el
Congreso, fomentará la criminalización y detención de mexicanos en Estados Unidos por las fuerzas
militares solo por sospechar que son terroristas.
De
catastrófica para los derechos civiles han calificado muchos la legislación
que, a consideración del periodista Chris Hedger fue aprobada ya que las
corporaciones, contemplando las protestas en las calles y sabiendo que las
cosas van empeorar, temiendo que el movimiento 'Ocupa' se amplíe, no creen que
la policía los proteja. Quieren tener la posibilidad de llamar al Ejército. Y
ahora la tienen”, enfatizó el Premio Pulitzer.
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