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sábado, 6 de junio de 2015

Cierre de Guantánamo centra debates sobre presupuesto del Pentágono para próximo año

El cierre de la cárcel en la base naval estadounidense de Guantánamo, en el este de Cuba, está en el centro de los debates en el Congreso norteamericano sobre el presupuesto del Pentágono para el año fiscal 2016.

La Cámara de Representantes rechazó el 3 de junio una propuesta para eliminar las actuales provisiones legales que impiden al Departamento de Defensa transferir detenidos en esa prisión hacia territorio norteamericano.


Por su parte, el Senado analizará en los próximos días una legislación similar, cuyo lenguaje permite al presidente Barack Obama cerrar la prisión -inaugurada en enero de 2002- y trasladar a los detenidos a este país, solo si el mandatario presenta un plan y este es aprobado por el Capitolio.

Aunque la propuesta de ley daría a los congresistas la autoridad final, algunos republicanos se oponen con fuerza a cualquier medida que implique el cierre del centro de internamiento, ubicado en dicha instalación naval, que Washington mantiene en territorio cubano contra la voluntad del pueblo y gobierno de la isla.

El senador republicano James Inhofe presentó una enmienda a la Ley de Autorización para la Defensa Nacional (NDAA) para eliminar la potestad del jefe de la Casa Blanca de presentar el plan, junto con otro acápite que autorizaría el traslado de los detenidos a Estados Unidos temporalmente solo para recibir tratamiento médico.

La versión más reciente de la NDAA asigna a las instituciones militares estadounidenses unos 600 mil millones de dólares para el próximo ejercicio fiscal, recursos que están en peligro debido a la actual controversia en el Congreso.

El diario The Hill asegura hoy que la propuesta de Inhofe puede enfrentar fuertes escollos y señala que las provisiones referentes a Guantánamo en la NDAA obtuvieron apoyo bipartidista en el Comité de Servicios Armados de la Cámara alta, encabezado por el senador republicano John McCain.

Pero ese voto también evidenció las divisiones que existen en el partido rojo sobre qué se debe hacer con ese controversial centro de internamiento y los detenidos, en medio de presiones de grupos y activistas de derechos civiles que denuncian las torturas practicadas allí contra los reos.

McCain enfrenta fuertes presiones de otros republicanos, pero también de la Casa Blanca, la que amenazó con vetar la legislación y señaló que las provisiones sobre la cárcel violan los poderes constitucionales de Obama.

En los pasados 18 meses se han trasladado cerca de 40 prisioneros fuera de la instalación, donde ahora quedan 122 -el nivel más bajo desde su apertura en enero de 2002- y de ellos 57 están autorizados para ser transferidos a otros países, después de pasar por un proceso de revisión entre varias agencias federales.

Obama aceleró en 2014 los traslados antes de que el Congreso -dominado por los republicanos tras las elecciones de medio término de noviembre de ese año- pudiera impedirlo, pero el proceso se detuvo a principios de 2015 y según el sitio digital estadounidense Defense One, pudiera reiniciarse a finales de junio.

Tras su toma de posesión en enero de 2009, Obama prometió cerrar ese centro de internamiento, pero la oposición republicana y otros grupos conservadores, han bloqueado todos los esfuerzos del mandatario en ese sentido.

De acuerdo con informes oficiales, los contribuyentes estadounidenses tienen que pagar alrededor de tres millones 300 mil dólares anuales por cada uno de los detenidos que permanecen allí.

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