El mandatario llegará a Washington proveniente de la VII Cumbre de líderes del G-20 en Los Cabos, México, donde los líderes de las economías más potentes del orbe intentaron unir fuerzas para recomponer el rompecabezas de la crisis europea y la desaceleración de la economía mundial.
Para Obama resulta primordial la recuperación del llamado viejo continente y el fortalecimiento del euro, a fin de insuflar oxígeno a la economía norteña, aquejada por un eventual estancamiento.
Tal posibilidad complicaría aún más el ajedrez electoral para el gobernante, quien vería alejarse sus posibilidades de obtener un segundo mandato en noviembre, frente al eventual candidato republicano Mitt Romney.
Obama retorna para encontrarse con un panorama nada halagüeño: una tasa de desempleo de 8,2 por ciento, según cifras oficiales, que significan más de 12 millones de ciudadanos en paro exigiendo un puesto de trabajo.
La inminente decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre la ley de reforma de salud, impulsada por la administración en 2010 y calificada de principal logro de sus tres años en el poder, pone en vilo a la residencia presidencial.
De aprobarse el recurso de inconstitucionalidad defendido por la oposición republicana, debido a una polémica cláusula que obliga a adquirir el seguro de salud so pena de resultar multado, significaría un golpe demoledor para el Ejecutivo.
Incierto continúa el panorama político después que la Casa Blanca anunció la suspensión temporal de la deportación de jóvenes indocumentados menores de 30 años que hubiesen llegado antes de los 16, viviesen al menos cinco años seguidos en el país y carecieran de antecedentes penales.
Unos 800 mil jóvenes sin papeles podrían beneficiarse con esta medida.
Aunque encuestas señala que la comunidad latina, la principal afectada por la expulsión de indocumentados bajo la administración Obama -unos 400 mil por año-, apoyan al mandatario, falta por ver que reacción podría generar la decisión en otros grupos de votantes.
Mientras tanto, la Casa Blanca debe lidiar aún con un Congreso dividido y el peligro de una moción de desacato contra el Fiscal General Eric Holder, supuestamente negado, según la oposición conservadora, a entregar documentación sobre la escandalosa operación Rápido y Furioso.
Aunque Holder accedió a dirimir el diferendo con las principales figuras republicanas y demócratas en ambas cámaras del Capitolio, todavía pende el fantasma de una impugnación contra su persona, lo cual oscurecería más el horizonte electoral de Obama.
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