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viernes, 20 de abril de 2012

Repsol pertenecerá a Argentina pese a las amenazas de élites españolas

Como si la batalla de Ayacucho no hubiese puesto fin a la presencia colonial de España en América del Sur en 1824, el gobierno ultraderechista de la península se niega a aceptar la nacionalización de la empresa Repsol-Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) por Argentina, su legítima propietaria, y que jamás hubiese pasado a manos de las trasnacionales si no hubiese existido la política neoliberal que destruyó financieramente a la nación suramericana.

A principios de esta semana, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, anunció que nacionalizaría el 51% de las acciones de la trasnacional de capital privado extranjero, con lo cual la nación suramericana recobra el control de su petróleo. En los últimos meses, ha debido exportar el preciado hidrocarburo debido a la reducción de la producción de la compañía.


La medida adoptada por la mandataria tiene el apoyo de un 90% de los argentinos —según encuestas—, incluso de aquellos que no simpatizan con su gobierno, pues de lo que se trata es de una cuestión de unidad nacional para poner las ganancias de la Repsol en función del desarrollo nacional.

El gran monopolio petrolero internacional se convirtió en una sanguijuela del Estado suramericano. Es por ello que resultan ridículas las críticas del jefe del ejecutivo español, Mariano Rajoy, y de otros miembros de su gabinete, que amenazan a Buenos Aires con “convertirla en una apestada internacional”, y le auguran que sufrirá “consecuencias malísimas”, en una actitud colonialista pasada de época.

Quizás Rajoy y su equipo, así como sus aliados en la decaída Unión Europea, todavía no se han percatado de que si en las llamadas décadas perdidas de América Latina (años 80 y 90 del pasado siglo) los capitales privados —grandes bancos y consorcios— se apropiaron de media América Latina o más, con la compra de sus principales empresas y recursos; ahora, en el 2011 —citando al presidente ecuatoriano Rafael Correa—, en estas tierras comenzó una “era nueva”.

Tan inescrupuloso ha sido el jefe del gobierno europeo que ha tratado de manipular la nacionalización de Repsol como un ataque a España y a su pueblo, cuando en lo interno, un 25% de los trabajadores de la península están desempleados y, que se sepa, no había plan alguno de mandarlos a trabajar a la Argentina.

Además, Repsol no pertenece al Estado español, sino al capital internacional, por tanto, Rajoy no defiende los intereses de sus conciudadanos, sino de los grandes inversionistas. Lo que ocurre en Argentina es un fenómeno económico en el cual no se enfrentan los intereses de dos naciones —como él pretende hacer creer—, sino los de un país y los de individuos o consorcios de diferentes nacionalidades, españoles los menos, por cierto.

Observadores insisten en que, en realidad, Repsol no es técnicamente una empresa española. El 42% corresponde a fondos de inversión extranjeros, gestionados por grandes bancos; el 9,5% lo tiene la mexicana PEMEX; y el resto pertenece a capitales privados peninsulares, entre ellos, el Sacyr (10%) y la entidad financiera Caixabank (12,83%).

Se trata, por consiguiente, de una compra legal de un consorcio, con su pago correspondiente, quizás no al precio que exigen los accionistas de la trasnacional, o sea, 10 mil millones de dólares por la expropiación de las acciones que posee en YPF. Fuentes oficiales aseguraron que se realizará una investigación a fondo de los daños ambientales y las operaciones presuntamente fraudulentas de la Repsol-YPF, lo cual, de comprobarse, reduciría su valor.

Este miércoles, los senadores dieron luz verde al proyecto de ley gubernamental. El texto pasará a la Cámara de Diputados el próximo día 25, en lo que se espera sea otra contundente victoria del Ejecutivo.

REPSOL, MUCHO MAL Y POCO BIEN PARA ARGENTINA

La empresa YPF fue fundada en 1922 por el Estado argentino, quien mantuvo su título hasta 1999, cuando se inició el proceso de privatización neoliberal impuesto por organismos internacionales —como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial—, en el llamado plan de ajustes, para pagar el dinero prestado en evitación de la quiebra del país —como ahora observamos en Europa—. Detrás de aquel proceso de rapiña se encontraban las políticas del consenso de Washington.
La compañía estatal completó su privatización en 1999, cuando Repsol —que en su tiempo fue también propiedad del Estado español— compró la mayoría de las acciones argentinas.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales poseía en nómina unos 55 000 trabajadores. Tras la compra, la trasnacional dejó sin empleo a 49 000 personas, y sin el abrigo social que les brindaba la estatal.

Según el vicepresidente del Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora (MORENO): “…con la privatización perdimos la renta petrolera que hoy se va al extranjero. Las empresas están autorizadas a girar el 70% de las divisas obtenidas sin pasar por el Banco Central, y hemos perdido los recursos naturales, ya que cuando se otorgan concesiones de transporte eléctrico por 95 años, o pozos petroleros por 35, se entregan los recursos hasta que se agotan”.

Datos oficiales confirman que en los años 90, las empresas energéticas foráneas aumentaron las tarifas de consumo, lo que constituía una violación de las leyes, pero sin invertir luego en la ampliación de las redes de gasoducto o la búsqueda de nuevos yacimientos de petróleo y gas natural para expandir las reservas. Se trataba de un saqueo al más puro estilo de la colonia en los siglos XVII y XVIII.

Entre otras triquiñuelas, el monopolio petrolero sacó de Argentina una extraordinaria cantidad de ganancias al exterior.

Construyó, eso sí, 10 gasoductos para conectarse a mercados extranjeros, exportación que quedaba fuera del control del Estado.

Mientras la crisis económica apretaba el cinto a los argentinos, en el 2002 la Repsol ganó dos mil millones 096 mil dólares de utilidad en el planeta, pero más de la mitad procedían de sus negocios en el país suramericano.

En aras de incrementar sus ganancias, y en otro zarpazo contras las capas más pobres del país, aumentó de forma considerable el precio de las botellas de gas licuado de petróleo. Son entre 13 y 15 millones de personas las que utilizan ese tipo de combustible, y destinan más de un 12% de su presupuesto para su adquisición;  pero dos millones no pueden pagar los precios impuestos por el oligopolio y preparan sus alimentos quemando otros productos, como leña y cartones.

También la Repsol-YPF ha causado notables daños al medio ambiente. Un ejemplo de ello lo proporcionó una familia de la comunidad mapuche Paynemil, la que al perforar un pozo para consumo de agua encontró que salía combustible. Ello se debió a los residuos de producción de un pozo petrolero cercano a la vivienda, que contaminó la capa freática.

Análisis de la Subsecretaría de Salud demostraron altas concentraciones de mercurio y plomo en el agua subterránea, la que ni siquiera se puede hervir, pues se concentran los tóxicos.

Entretanto, el gobierno de Rajoy recibe críticas de quienes conocen bien el negocio de los grandes capitales y se burlan de la defensa a ultranza de una empresa que solo declara en España el 25% de sus beneficios totales en el planeta (949 millones de euros). La presidenta Fernández y su equipo reciben no solo el apoyo de su pueblo ante la medida, sino también el de sus colegas de Venezuela, Uruguay, Bolivia, Brasil y Nicaragua, entre otros.

Incluso, el presidente venezolano Hugo Chávez puso a disposición de los porteños la infraestructura necesaria para mantener en funciones a plenitud a la mayor productora argentina de hidrocarburos —que en los últimos años redujo su flujo—, la cual ocupa el liderazgo del mercado de combustibles con el 54% de la refinación.

Para el pueblo argentino, la iniciativa gubernamental abre nuevas posibilidades de desarrollo, al declarar “de interés público nacional y como objetivo prioritario del Estado el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos”.

Al estilo de otros países que ya nacionalizaron sus hidrocarburos, la nación suramericana, que se encargará de la explotación, industrialización y comercialización de tales recursos, podrá emplearlos en fomentar un desarrollo económico para mejorar la calidad de vida de la población.

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