Obama mintió: “en no más de un año se cerrará el penal de la Base Naval de Guantánamo”

El 22 de febrero del 2009, a los dos días de arrancar su mandato, Barack Obama, firmó un decreto presidencial que obligaba a cerrar “no más de un año después de la fecha de esta orden”, el penal ubicado en la base naval que Estados Unidos abrió en Cuba en 1903.

La promesa caducó en febrero del 2010. Siguen ahí 171 personas, sin que se les formulen cargos ni hayan sido puestas a disposición judicial. De todos los presos, el Departamento de Justicia consideró en el 2010 que “sólo” 48 deben permanecer en prisión indefinida sin que se les formulen cargos ni hayan sido puestas a disposición judicial…

Hay aniversarios que se festejan, otros que se lloran, que emocionan. Los hay que sonrojan.
“He oído cosas aquí que me recuerdan a los nazis. Esto no es EE.UU., al menos no es la América que yo soñé”.

El comentario surge del público que asiste a un acto del Centro por los Derechos Constitucionales (Center for Constitucional Rights) en el Brecht Forum de Nueva York. Una más de las citas con vistas al 10.º aniversario -el miércoles- de la apertura del centro de detención de Guantánamo, símbolo de la vulneración de los derechos humanos durante la Administración de George W. Bush tras los atentados del 11-S.

Barack Obama, su sucesor en la Casa Blanca, no sale mejor parado en las opiniones expresadas en este púlpito de la izquierda estadounidense. Les ha defraudado. El 22 de febrero del 2009, a los dos días de arrancar su mandato, firmó un decreto presidencial que obligaba a cerrar “no más de un año después de la fecha de esta orden”, el penal ubicado en la base naval que EE.UU. abrió en Cuba en 1903.

La promesa caducó en febrero del 2010. Siguen ahí 171 personas, sin que se les formulen cargos ni hayan sido puestas a disposición judicial. De todos los presos, el Departamento de Justicia consideró en el 2010 que “sólo” 48 deben permanecer en prisión indefinida sin opción de ir a un tribunal. La medida se justifica bajo la apelación de documentación secreta, vetada, porque supondría dar publicidad a información restringida.

No son pocos los que, tras ese planteamiento, no ven más que un eufemismo para ocultar una acción desproporcionada que carece de motivación legal. De una población de 779 residentes que llegó a haber, unos 600 fueron liberados de la misma manera que los detuvieron. Según datos de diversas organizaciones, sólo seis han recibido condena o la han pactado tras comparecer ante una comisión militar.

Entonces, cuando se conoció ese informe del Departamento de Justicia, había 196 detenidos, bastantes en régimen de aislamiento. Escasamente una veintena han conseguido abandonar el recinto en estos casi dos años. Hoy, de los 171 que quedan, a 89 se les ha aprobado la transferencia a su casa o un tercer país. Pero siguen en la isla. 

La Administración carece de prisa por acabar, en la mayoría de los casos, con diez años de confinamiento.

“Mi abuela me preguntó qué hacía yo trabajando en un lugar donde encarcelan a musulmanes”, confiesa Ramzi Kassem, de origen libanés, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) y defensor desde el año 2006 de una docena de detenidos. Ha viajado 40 veces a Guantánamo, al principio cada dos meses. “Viví en Iraq, en Siria, en Jordania, países donde vi cosas de regímenes totalitarios que también estoy viendo aquí”. Kassem entiende y justifica el desengaño con el presidente Obama, cuya elección en noviembre del 2008 incluso la celebró “la gente invisible” del penal de la vergüenza. Sin embargo, y según este abogado y profesor, el presidente demócrata se ha atrevido a ir más allá que el republicano.

“Obama no sólo ha incumplido su promesas, sino que ha mantenido las políticas de Bush y las ha expandido al hacerlas permanentes. Ha dado sentido de normalidad a medidas que se supone que eran excepcionales”.

En esta línea, remarca, el presidente rubricó el primer día del año la acta de autorización de defensa nacional. Esta medida permite, entre otras, la detención, sin juicio, de supuesto sospechosos de pertenecer a Alqaeda o aliados. Esta autorización refuerza la aprobada después del 11-S.

Amnistía Internacional ha elaborado un documento para el décimo aniversario de Guantánamo cuyo título evidencia la denuncia: Una década de daño. No habían pasado ni dos meses de la orden de George W. Bush cuandop sus asesores le presentaron “la localización apropiada” para mantener encerrados a los detenidos en la guerra contra el terror.

Allí enviaron a todos aquellos -algunos después de pasar por otro lugar para la infami
a: Bagram, en Afganistán- que el Gobierno calificó como “lo peor de entre lo peor”. No tenían nombre. Simplemente se les consideraba “enemigos combatientes”. 

A ninguno se le dio la oportunidad de defenderse. Los soldados estadounidenses capturaron a un porcentaje mínimo. La mayoría acabó detenida por chivatazos de lugareños, que recibieron una gratificación económica.

Tuvieron que pasar dos años para que, previa orden del Tribunal Supremo, se les reconociera el derecho a recibir la atención de un abogado. Los “encarcelamientos ejecutivos” de Bush no podían impedir la asistencia jurídica. El conflicto no acabó ahí,Washington prosiguió pleiteando para tratar de cerrar esa puerta. 

El máximo tribunal zanjó el asunto en el 2008.

Pese a esa victoria, los detenidos han seguido residiendo en un limbo legal. Obama hizo campaña en contra del penal y el propio Bush empezó a ver las cosas de otra manera con el tiempo.

En sus memorias, publicadas en el 2010, defiende la apertura del presidio en Guantánamo. Pero matiza que, al iniciar su segundo mandato en el 2005, comprendió que “se había convertido en un arma de propaganda para los enemigos y una distracción para los aliados”. Su apuesta era la de encontrar la mejor manera que condujera a su cierre.

Guantánamo continúa y como reconoce Ramzi, “no se vislumbra el final”. Obama ha incumplido su promesa. Fracasó en su intentó -porque se lo bloqueó el Congreso- de trasladar a los detenidos a territorios estadounidense. Ni siquiera ha logrado que el autoproclamado cerebro del ataque a las Torres Gemelas, Jalid Sheij Mohamed, sea juzgado por un tribunal civil en Nueva York.

“La administración Obama dice que no es por su culpa, que si los republicanos, que si esto, que si lo otro. pero el problema es Obama, que debería llevar a esas personas a juicio a liberarlas”, sostiene Leili Kashani, del Center for Constitucional Rights. “Es inaceptable -proclama-, como lo es que haya incrementado el bombardeo con los drones”.