En este sentido, y según se planteó en dicha reunión, en Cuba se avanza en la institucionalización de las funciones y los servicios policiales.
Como propuestas preliminares ya aprobadas por el Consejo de Ministros figuran la necesidad de disponer de una ley que asegure el orden público, la defensa y la protección de los derechos ciudadanos, todo ello en estrecha cooperación con los órganos y organismos estatales, entidades económicas, instituciones sociales y la ciudadanía.
