Mediante tales reglas se ordena a los funcionarios y jueces de inmigración, rechazar las solicitudes de asilo de las personas que ingresaron de manera ilegal a Estados Unidos.
También estarán excluidos del posible beneficio quienes usaron documentos falsos para entrar a suelo norteamericano y pasaron por otros países sin pedir asilo en otras partes.
Reportes de prensa apuntaron que estas normas comenzarán a entrar en vigor el 11 de enero, nueve días antes del inicio de la administración del virtual presidente electo, Joe Biden. A juicio de Aaron Reichlin, del Consejo Estadounidense de Inmigración, estas medidas ponen el asilo fuera del alcance de todos, excepto para pocos afortunados.
Según Trump, cuya política contra los inmigrantes es rechazada dentro y fuera de Estados Unidos, la seguridad de las fronteras solo puede obtenerse terminando el sistema de asilo.
Desde su llegada a la Casa Blanca, el 20 de enero de 2017, el mandatario republicano impulsó y ejecutó acciones para restringir la inmigración (legal e irregular), y hacer más complicada y costosa la residencia lícita y la adquisición de la ciudadanía estadounidense.
Por su parte, Biden, del Partido Demócrata, prometió revertir varias acciones de la actual administración en materia migratoria.
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