El fallido golpe pretendía un cambio del gobierno legítimo del presidente de la República, Daniel Ortega, electo democráticamente conforme a la Constitución, afirmó el vicepresidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, José Santos Figueroa.
“Este plan golpista se caracterizó por interrumpir y dañar profundamente la paz, seguridad, tranquilidad y el derecho a la vida de los nicaragüenses”, condenó el diputado del Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Figueroa aseveró que las acciones violentas y desestabilizadoras violaron el derecho al trabajo, la salud, la educación y la libre circulación, por lo que resultaron secuestradas miles de familias nicaragüenses, incluso, transportistas de carga centroamericanos retenidos en el país por los bloqueos de vías.
Para el diputado, la pérdida principal de la intentona fueron los 198 muertos, cuyos familiares exigen justicia y reparación.
Señaló, además, que se afectó la economía nacional, el índice de riesgo país y la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros, lo que podría impactar en futuros negocios y generación de empleos, según su criterio.
Hasta el primer trimestre la economía iba creciendo, se fortalecían las reservas internacionales, había un sistema financiero fuerte con una moneda estable, baja inflación y en general el país progresaba, indicó la fuente.
Tal situación cambió a partir del 18 de abril, explicó Figueroa, pues durante los tres meses de violencia se destruyeron 252 edificios públicos y privados, 209 kilómetros de calles o carreteras, incendiaron 278 maquinarias y equipos de construcción y 389 vehículos.
Además, al 31 de julio afectó 68 mil empleos de nicaragüenses que cotizaban al sistema de Seguridad Social, puntualizó.
Por otra parte, refirió que los cierre de vías perjudicaron las economías locales, la producción agrícola, el transporte de ganado hacia los mataderos, la industria láctea y también las micro, pequeñas y medianas empresas.
En ese sentido señaló la afectación a ocho mil 600 pequeños negocios turísticos, con pérdidas por el orden de 231 millones de dólares.
A ello añadió las perjuicios en las exportaciones que totalizaron 270 millones de dólares, mientras en el sistema financiero se registró una desaceleración de un siete por ciento en la tasa de los depósitos y en 10,7 por ciento en el otorgamiento de créditos al sector productivo.
Como consecuencias de todos esos daños, la Asamblea Nacional aprobó este martes una reforma al Presupuesto General de la República con un recorte en las proyecciones de gastos e ingresos.
No obstante, la normativa garantiza el gasto social para seguir combatiendo la pobreza, mantiene los programas de inversión pública, promueve la seguridad ciudadana y protege el empleo del sector público, de acuerdo con el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta.
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