San Pedro Sula y Tegucigalpa son las ciudades con mayor cifra de asesinatos, atribuidos en parte al empleo de esos vehículos para traficar drogas o cometer asaltos y a la negativa de los conductores a pagar extorsiones.
Opiniones de transportistas publicadas por el diario La Prensa apuntan a que el desembolso a las pandillas es una práctica de años atrás y gravita en la economía personal y la tranquilidad para trabajar.
Dirigentes gremiales admiten que guardan silencio ante esos abusos por temor a las represalias y se limitan, en las asambleas, a señalar los problemas con los viales y los gravámenes de las municipalidades.
Para contrarrestar los asaltos, que son otro de los riesgos para los taxistas, se limitan los viajes, sobre todo en horario nocturno, hacia los puntos considerados calientes.
Los llamados impuestos de guerra se extienden también a pequeños negocios, algunos de los cuales han sido abandonados por sus dueños ante el acoso de los delincuentes.
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